La reforma a la Ley 225‑20 convierte una tasa ambiental en un impuesto en cascada, afecta a los fideicomisos y encarece la vivienda de bajo costo.

La Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA) advierte que las recientes modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos introducen un esquema fiscal técnicamente incorrecto, que afecta de manera directa al desarrollo inmobiliario y al acceso a la vivienda.

El principal problema es que la Ley 225-20 trata la gestión de residuos como un

impuesto, cuando en las legislaciones comparadas —incluyendo países del Caribe, Centroamérica y la Unión Europea— este tipo de cargas se estructuran como tasas vinculadas al costo real del servicio. Una tasa se calcula según el costo del manejo de residuos; un impuesto grava la actividad económica. La reforma confunde ambos conceptos y genera distorsiones graves.

Doble tributación para los fideicomisos: un golpe directo a la vivienda asequible.

La reforma obliga a tributar dos veces la misma actividad:

• La sociedad desarrolladora paga el 100% de la tarifa establecida.

• El fideicomiso, que ya es un vehículo regulado y transparente, vuelve a tributar sobre el margen que entrega al desarrollador.

• Este diseño equivale a un impuesto en cascada, una práctica fiscal regresiva y carente de justificación técnica.

• Además, la reforma a la Ley 225‑20 desconoce la exención establecida en el Artículo 45 de la Ley 189‑11, que libera a los fideicomisos de cualquier impuesto, tasa o contribución en su constitución, modificación o extinción. Al imponerles nuevas cargas fiscales, la reforma rompe ese marco legal, afecta directamente a los fideicomisos utilizados para vivienda social y de bajo costo —estructuras de márgenes reducidos— y provoca un aumento de costos que termina encareciendo las viviendas para miles de familias dominicanas.

El resultado es claro: mayores costos de construcción y viviendas más caras, afectando a miles de familias y reduciendo la competitividad del sector.

Otras inconsistencias que afectan al desarrollo inmobiliario.

ALETA identifica riesgos adicionales:

• Incompatibilidad normativa con la Ley 189-11 y con estándares internacionales de tributación ambiental.

• Inseguridad jurídica, al aprobar cambios acelerados sin análisis técnico ni consulta con los sectores productivos.

• Impacto transversal en la cadena de valor, elevando costos de materiales, logística y servicios vinculados a la construcción.

• Desincentivo a la inversión, al gravar estructuras fiduciarias que ya cumplen con obligaciones tributarias y de transparencia.

Posición de ALETA

ALETA exhorta a la Cámara de Diputados a revisar la reforma y corregir el error

técnico que convierte una tasa ambiental en un impuesto general, generando doble

tributación y afectando el acceso a la vivienda.

La sostenibilidad ambiental es un objetivo compartido, pero debe implementarse.

con criterios técnicos que no comprometan el desarrollo territorial, la inversión y la

estabilidad del sector inmobiliario.